Nuevo Ambiente alerta sobre la destrucción de playas y humedales sin estudios de impacto, mientras que el secretario de Gestión Pública de Ensenada acusa a los denunciantes de tener motivaciones políticas.
La construcción de la segunda etapa del murallón costero en Punta Lara generó un fuerte cruce entre la ONG Nuevo Ambiente y la Municipalidad de Ensenada. La organización ecologista denunció que los trabajos que se llevan adelante en el tramo comprendido entre el parador La Playita y el camping GASAV se ejecutan sin el Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, lo que violaría la Ley Provincial Nº 11.723, la Ley General del Ambiente Nº 25.675 y la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Desde el Municipio, en tanto, negaron las acusaciones y aseguraron que la obra cumple con todas las normativas vigentes.
Según el comunicado difundido por Nuevo Ambiente, las intervenciones en la costa de Punta Lara comenzaron en diciembre de 2013 y desde entonces se han modificado drásticamente el paisaje ribereño. La ONG sostiene que se construyeron estructuras de hormigón, se eliminaron playas naturales y se removió vegetación costera, todo sin información pública que justifique técnica, científica o ambientalmente las tareas. Además, alertaron sobre el relleno sistemático de la costa con escombros de losas de hormigón, una práctica que, según afirman, lleva más de dos años denunciándose sin que los organismos de control hayan intervenido.
La organización también cuestionó la instalación de escaleras metálicas en el paseo costero, señalando que presentan limitaciones de accesibilidad y dificultan las actividades náuticas. Pero el punto más grave de su denuncia es la desaparición de más de 25.000 metros cuadrados de vegetación ribereña, incluyendo juncales y humedales que constituyen la principal defensa natural frente al oleaje y la erosión del Río de la Plata. Nuevo Ambiente recordó que en 2010, profesionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ya advertían sobre el deterioro del paisaje costero y la falta de planificación en la zona, lo que refuerza la necesidad de un Plan Integral de Manejo Costero con participación ciudadana.
Frente a este escenario, la ONG exige la paralización inmediata de las obras, la realización de un Estudio de Impacto Ambiental con participación ciudadana y la elaboración de un Plan Integral de Manejo Costero basado en criterios científicos. Además, advirtieron que, de confirmarse la inexistencia de los procedimientos obligatorios, podrían derivarse responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para los funcionarios que autoricen o ejecuten los trabajos.
Por su parte, el secretario de Gestión Pública de Ensenada, Agustín Duscovich, salió al cruce de las acusaciones y defendió la obra. En diálogo con este medio, el funcionario explicó que el Municipio está construyendo la segunda etapa del Paseo Costero, que abarca poco más de 800 metros y da continuidad a la primera etapa iniciada en el sector del Mirador Néstor Kirchner. Duscovich detalló que los trabajos se realizan con fondos municipales, tanto para la mano de obra como para los materiales adquiridos a través de licitación pública, y que ya se colocaron 150 tablestacas en los primeros 100 metros.
El secretario fue contundente al afirmar que "al igual que todas las obras que realiza el Municipio, cuenta con los estudios necesarios, con las aprobaciones correspondientes y cumple con todas las normativas". En ese sentido, rechazó de plano las denuncias de Nuevo Ambiente y cuestionó la legitimidad de la organización, señalando que sus acusaciones están "totalmente teñidas por su oposición política al intendente Mario Secco". Duscovich apuntó directamente contra uno de los referentes de la ONG, Marcelo Martínez, a quien calificó como "un dirigente del Pro que utiliza al ambiente para atacar a Secco y frenar el crecimiento de Ensenada".
El funcionario defendió la obra como parte de una política integral del intendente Mario Secco para la costa ensenadense, que incluye la liberación de la costa, dejando atrás los campings privados para dar paso a un gran espacio público; la construcción del Parque Costero con baños públicos, arbolado, mesas, bancos y fogones; y la defensa de la localidad de Punta Lara ante el avance del río. Duscovich enfatizó que los objetivos de los trabajos son "la protección de la ciudad, el cuidado de la vida, la promoción del turismo y la mejora de la calidad de vida de la población".
Este cruce de acusaciones refleja un conflicto que trasciende lo ambiental y se instala en el terreno político, con posturas encontradas que dificultan un diálogo constructivo. Mientras la ONG insiste en la necesidad de detener las obras hasta que se cumplan todos los requisitos legales, el Municipio avanza con los trabajos y los defiende como una herramienta necesaria para proteger a la comunidad de Punta Lara. El desenlace de esta controversia dependerá en gran medida de la intervención de los organismos provinciales y nacionales competentes en materia ambiental.
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