El informe de la Policía Federal determinó que el fuego fue accidental y cambió el rumbo de la investigación, que ahora tiene a Roxana Aloise imputada por estrago culposo y desobediencia.
A un año del incendio y posterior derrumbe del depósito de Aloise Tecno en diagonal 77 y 48, la investigación judicial alcanzó su punto más alto con la elevación de la causa a juicio oral. El expediente, que durante meses giró en torno a la hipótesis de un siniestro intencional, dio un giro radical cuando la División Investigación de Siniestros de la Policía Federal Argentina (PFA) entregó una pericia clave que determinó que el fuego se originó por una falla eléctrica en la planta baja del edificio, descartando cualquier participación de terceros.
El siniestro, ocurrido el 16 de julio de 2025, mantuvo en vilo a toda La Plata durante más de 24 horas. Las llamas obligaron a evacuar viviendas linderas, provocaron daños materiales millonarios y terminaron con la demolición parcial de la estructura. Pero lo que en un principio parecía un hecho doloso se transformó en un caso de estrago culposo cuando los peritos de la PFA, aplicando el protocolo científico NFPA 921, lograron reconstruir con precisión el origen y la propagación del fuego.
Según el informe técnico, el foco ígneo se ubicó en una oficina de la planta baja, donde un dispositivo eléctrico de iluminación (una reactancia) falló, generando un calor extremo que derritió los materiales plásticos del plafón. Esos materiales incandescentes cayeron sobre pilas de papel almacenadas debajo, iniciando así el incendio. La pericia también estableció la línea temporal: las primeras llamas se registraron antes de las 4:16 de la madrugada, tal como lo confirmó el análisis de una cámara de seguridad ubicada frente al depósito.
El estudio detalló minuciosamente la propagación del fuego. Desde la oficina, los gases calientes y el humo ascendieron por el entretecho, dañaron el cielorraso y accedieron a un entrepiso lleno de papeles, donde el incendio tomó mayor fuerza. Luego, las llamas encontraron su principal vía de escape a través de la escalera metálica que conectaba los pisos superiores. En el primer piso, una puerta de chapa selló el paso, pero en el segundo piso, una puerta de reja permitió el ingreso sin obstáculos. El hueco del montavehículos, con su cabina estacionada en el primer piso, actuó como una chimenea que canalizó el fuego y los gases directamente hacia el tercer y cuarto piso, acelerando el colapso estructural de esos niveles.
La pericia no solo determinó el origen accidental, sino que también descartó la presencia de acelerantes. Si bien perros detectores marcaron tres puntos de interés, los análisis físico-químicos de las muestras no encontraron rastros de hidrocarburos ni otros elementos inflamables. Además, las filmaciones analizadas permitieron confirmar que no había personas ajenas al establecimiento en el momento del inicio del fuego, reforzando la hipótesis de un siniestro no intencional.
Este cambio en la investigación fue determinante para el rumbo judicial. Inicialmente, la causa estaba radicada en la UFI N°16 de Delitos Dolosos, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, bajo la sospecha de un incendio intencional. Sin embargo, tras la pericia, el expediente fue derivado a la UFI N°12 de Delitos Culposos, conducida por el fiscal Fernando Padován, que ahora imputa a Roxana Aloise, presidenta de la firma, por los delitos de estrago culposo y desobediencia.
La acusación sostiene que Aloise mantuvo en funcionamiento un depósito que había sido clausurado por el Municipio semanas antes del siniestro, y que carecía de sistemas adecuados de detección y prevención de incendios. A esto se suman informes municipales que acreditan la falta de habilitación comercial vigente, inspecciones posteriores al derrumbe y declaraciones de empleados que señalaron que la actividad continuó pese a la clausura.
Con todas estas pruebas, la causa fue elevada a juicio oral y quedó radicada en el Juzgado Correccional N°2 de La Plata. Doce meses después de aquella postal impactante que mostró a la ciudad entera mirando hacia diagonal 77 y 48, la pericia de la PFA no solo despejó la principal incógnita del caso, sino que también definió el rumbo de una investigación que ahora espera una fecha para el juicio. Los vecinos afectados, mientras tanto, aguardan una resolución que también aborde la reparación de los daños civiles.
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