La investigación por las amenazas de tiroteo en escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada sumó un avance decisivo en las últimas horas. La Justicia resolvió unificar todas las denuncias en una sola fiscalía para acelerar el esclarecimiento de los hechos, identificar responsables y coordinar medidas preventivas.
Hasta el momento ya se contabilizan cerca de 50 denuncias vinculadas con mensajes intimidatorios, notas anónimas, publicaciones en redes sociales y advertencias que alteraron el funcionamiento normal de numerosos establecimientos educativos de la región.
La Justicia centralizó todas las causas
La medida dispuso que las investigaciones queden bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, encabezada por Juan Cruz Condomí Alcorta.
Desde ahora, esa fiscalía tendrá a su cargo:
- Analizar cada denuncia presentada
- Coordinar allanamientos y medidas urgentes
- Rastrear mensajes, líneas telefónicas y cuentas digitales
- Determinar si existe conexión entre los casos
- Trabajar con autoridades educativas y fuerzas de seguridad
Todos los identificados hasta ahora son menores
Fuentes judiciales confirmaron que ya existen varios responsables detectados, aunque todos serían menores de edad. Por esa razón, los expedientes donde aparezcan adolescentes involucrados serán derivados al fuero juvenil, a cargo de Carmen Ibarra.
Qué hipótesis manejan los investigadores
Una de las líneas principales apunta al llamado efecto contagio, una conducta imitativa que suele expandirse rápidamente entre adolescentes a través de redes sociales y grupos escolares.
Esto explicaría por qué las amenazas no quedaron limitadas a una sola escuela y comenzaron a repetirse en distintos puntos de la región.
Casos en La Plata, Berisso y Ensenada
Los episodios se multiplicaron durante los últimos días:
- En La Plata se registró la mayor cantidad de denuncias.
- En Ensenada hubo al menos seis amenazas.
- En Berisso apareció una nota intimidatoria junto a un arma de juguete.
En todos los casos se activaron protocolos de evacuación, controles policiales y revisión de edificios escolares.
El episodio más grave
El hecho de mayor preocupación ocurrió cuando un alumno asistió armado a un colegio de la región, lo que elevó el nivel de alerta y reforzó la presencia policial en otras instituciones.
También hubo allanamientos en viviendas de estudiantes investigados por exhibir armas en redes sociales y amenazar con llevarlas a clase.
Qué consecuencias legales pueden tener
Desde la Justicia recordaron que estos hechos no son bromas. Las amenazas pueden encuadrarse en el delito de intimidación pública, contemplado en el Código Penal con penas de entre 2 y 6 años de prisión, además de las actuaciones específicas en el fuero juvenil cuando intervienen menores.
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