Ajuste estatal y reducción de la planta
El Gobierno nacional avanza con un nuevo recorte en el Estado y proyecta despedir entre 5.000 y 6.000 empleados públicos durante 2026. La medida forma parte de un plan más amplio que busca reducir en un 10% la planta estatal, lo que equivale a más de 27.000 puestos en la administración nacional, empresas y sociedades estatales.
Según fuentes oficiales, las primeras desvinculaciones comenzaron la semana pasada y alcanzarán distintas áreas. El objetivo declarado es mejorar la eficiencia del gasto público en un contexto de caída de la recaudación y freno en la actividad económica.
Contratos y organismos afectados
Gran parte de las bajas corresponderán a contratos que no serán renovados, una modalidad histórica dentro del Estado nacional. A esto se suman procesos de reestructuración, eliminación de áreas consideradas duplicadas y esquemas de retiros voluntarios en diferentes organismos.
Entre las entidades que podrían verse alcanzadas por el recorte figuran el INDEC, el Conicet, la Coneau, la ANSES, el INTA, el INTI, el Senasa, el Enacom, el Archivo General de la Nación, la Conadis, el Enargas y el ENRE, entre otros.
El foco estará puesto en los organismos descentralizados, a diferencia de etapas anteriores en las que el ajuste se concentró en la administración central.
Impacto laboral y contexto económico
El plan oficial se da en paralelo a un aumento del desempleo, que alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa al cierre de 2025, por encima del 6,4% registrado el año anterior.
De acuerdo con datos del INDEC, el Sector Público Nacional contaba en enero de este año con 278.705 empleados. Desde diciembre de 2023, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado informó que ya se eliminaron 60.494 puestos, con una fuerte caída en los cargos superiores.
Un ajuste estructural
El Gobierno asegura que se trata de un proceso dinámico, sin un número fijo de despidos por área, y que las decisiones se toman en función del análisis de cada sector. La meta es avanzar en una reducción estructural del Estado, con especial impacto en el sistema de Ciencia y Tecnología, y consolidar un esquema de mayor eficiencia en el gasto público.
La medida genera preocupación en los gremios estatales, que ya anunciaron medidas de fuerza en rechazo a los despidos y advierten sobre el impacto social de un ajuste de esta magnitud.
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